Publicación: Barreras de empleo para personas con discapacidad en Colombia: estrategias y acciones para la inclusión laboral sostenible
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Resumen en español
En Colombia, las personas con discapacidad (PcD) enfrentan barreras sociales y económicas significativas, resultando en un desempleo que representa una pérdida de entre el 5,35% y el 6,97% del PIB, según la ANDI (2021). A pesar de programas empresariales y de incentivos gubernamentales, la tasa de participación laboral de las PcD es solo del 24,3%, muy por debajo del 66,3% de la población sin discapacidad, lo que revela una exclusión sistemática que perpetúa la pobreza. La Ley 361 de 1997, aunque busca proteger a las PcD, ha generado temores en los empleadores sobre la contratación pues consideran que existe una protección excesiva frente a los despidos justificados de las PcD, en muchas ocasiones se sugiere preferir la contratación de personas sin este tipo de condiciones, lo que complica aún más su inclusión laboral. Esta situación limita su independencia económica y acceso a servicios esenciales, destacando la necesidad urgente de desarrollar estrategias inclusivas que vayan más allá de los incentivos tributarios. La pregunta se centra entonces en determinar qué acciones implementar para reducir las barreras de acceso al empleo y fomentar un entorno laboral inclusivo para las PcD. Como resultado, se plantea la posibilidad de emplear nuevas estrategias para la inclusión laboral, que han sido empleadas previamente en diversos países que presentan una mayor tasa de inclusión laboral, como el incremento de las cuotas de contratación, la implementación de programas de inserción laboral desde el ámbito educativo y el fortalecimiento de los incentivos fiscales.
Resumen en inglés
In Colombia, people with disabilities (PwD) face significant social and economic barriers, resulting in unemployment that accounts for a loss of between 5.35% and 6.97% of GDP, according to ANDI (2021). Despite business programs and government incentives, the labor force participation rate of PwD is only 24.3%, far below the 66.3% for people without disabilities, revealing systematic exclusion that perpetuates poverty. Law 361 of 1997, although aimed at protecting PwD, has generated concerns among employers regarding hiring, as they perceive excessive protection against justified dismissals of PwD. In many cases, it is suggested that hiring individuals without such conditions is preferable, further complicating their labor inclusion. This situation limits their economic independence and access to essential services, highlighting the urgent need to develop inclusive strategies that go beyond tax incentives. The central question is to determine what actions should be implemented to reduce barriers to employment and foster an inclusive work environment for PwD. As a result, it proposes the possibility of employing new labor inclusion strategies, previously implemented in various countries with higher inclusion rates, such as increasing hiring quotas, implementing labor insertion programs from the educational sector, and strengthening fiscal incentives.
