Análisis del impacto técnico, económico y de valorización de la implementación de estaciones de carga para vehículos eléctricos en propiedad horizontal en Bogotá

Abstract

La transición hacia la movilidad eléctrica en Colombia se ha consolidado como una prioridad estratégica en políticas ambientales, energéticas y de sostenibilidad urbana, impulsada por metas nacionales como la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos para 2030 (Tabares et al., 2021a). En ciudades como Bogotá, el crecimiento progresivo del parque automotor eléctrico plantea nuevos desafíos para la infraestructura residencial, especialmente en edificaciones bajo régimen de propiedad horizontal, donde la adecuación de redes eléctricas y la toma de decisiones administrativas requieren consensos, análisis técnicos y evaluación de riesgos. El Edificio Terpel PH, ubicado en Bogotá, enfrenta la necesidad de modernizar su infraestructura para responder a esta nueva demanda de sus residentes. La eventual implementación de estaciones de carga para vehículos eléctricos representa una oportunidad de valorización del activo inmobiliario, mejora en el atractivo del conjunto y fortalecimiento de su competitividad frente a otras copropiedades. Sin embargo, dicha implementación también implica interrogantes relevantes en términos de viabilidad técnica, riesgos contractuales, sostenibilidad operativa y cumplimiento normativo. (Salinas et al., 2024) Uno de los principales retos radica en garantizar que el sistema se adopte bajo un esquema “sin inversión para la administración”, donde los costos de instalación, operación y mantenimiento sean asumidos por el proveedor y trasladados exclusivamente a los usuarios del servicio. Este modelo, aunque atractivo financieramente, puede generar vulnerabilidades en el proceso de negociación contractual, tales como cláusulas desfavorables, asignación inadecuada de responsabilidades, riesgos asociados al mantenimiento de la infraestructura eléctrica y posibles contingencias jurídicas. Adicionalmente, existe la necesidad de asegurar que el proceso de facturación del servicio de carga cumpla con la normativa vigente en Colombia en materia de facturación electrónica, garantizando transparencia, trazabilidad, individualización del consumo y debido proceso tributario, evitando que la copropiedad asuma responsabilidades fiscales que no le correspondan. Por otra parte, la decisión de implementar esta infraestructura debe sustentarse en evidencia empírica sobre el nivel de satisfacción de usuarios en propiedades horizontales similares que ya operan estaciones de carga, con el fin de proyectar el impacto real en la experiencia de los residentes del Edificio Terpel PH. En este contexto, surge el problema central de investigación: determinar si la implementación de estaciones de carga para vehículos eléctricos en el Edificio Terpel PH, bajo un esquema sin inversión para la administración, es técnica, financiera y normativamente viable, minimizando riesgos contractuales y garantizando satisfacción del usuario y cumplimiento regulatorio.

The transition to electric mobility in Colombia has become a strategic priority in environmental, energy, and urban sustainability policies, driven by national goals such as the incorporation of 600,000 electric vehicles by 2030 (Tabares et al., 2021a). In cities like Bogotá, the progressive growth of the electric vehicle fleet poses new challenges for residential infrastructure, especially in buildings under horizontal property ownership, where adapting electrical networks and making administrative decisions require consensus, technical analysis, and risk assessment. The Terpel PH Building, located in Bogotá, faces the need to modernize its infrastructure to meet this new demand from its residents. The potential implementation of electric vehicle charging stations represents an opportunity to increase the property's value, enhance the building's attractiveness, and strengthen its competitiveness compared to other co-owned properties. However, such implementation also raises important questions regarding technical feasibility, contractual risks, operational sustainability, and regulatory compliance. (Salinas et al., 2024) One of the main challenges lies in ensuring that the system is adopted under a "no investment for management" model, where the installation, operation, and maintenance costs are borne by the provider and passed on exclusively to the service users. This model, while financially attractive, can create vulnerabilities in the contract negotiation process, such as unfavorable clauses, inadequate allocation of responsibilities, risks associated with maintaining the electrical infrastructure, and potential legal contingencies. Additionally, there is a need to ensure that the billing process for the charging service complies with current Colombian regulations on electronic invoicing, guaranteeing transparency, traceability, individualization of consumption, and due process for tax compliance, preventing the co-ownership from assuming tax responsibilities that do not correspond to it. Furthermore, the decision to implement this infrastructure must be based on empirical evidence regarding user satisfaction levels in similar horizontal properties that already operate charging stations, in order to project the real impact on the experience of the residents of the Terpel PH Building. In this context, the central research problem arises: to determine if the implementation of charging stations for electric vehicles in the Terpel PH Building, under a scheme without investment for the administration, is technically, financially and normatively viable, minimizing contractual risks and guaranteeing user satisfaction and regulatory compliance.