Publicación: Educación superior en área rural: el fenómeno de la deserción escolar
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Resumen en español
El acceso de la población a la educación supone beneficios que ayudan a disminuir las disparidades sociales, las cuales, en países como Colombia, son marcadas. Con grados educativos aprobados se posibilita mejorar el nivel de ingresos, se aumenta la productividad de los países, se mejora la calidad de vida, solo por nombrar algunos aspectos. Es decir, mejorar la educación ayuda a materializar los beneficios que suponen su implementación (Cristia & Pulido, 2020). Colombia ha desarrollado políticas orientadas a facilitar el acceso al sistema educativo en los diferentes niveles. Por ejemplo, la “Constitución Política” (CP) publicada en 1991 y la “Ley de Educación” del año 1994, establecieron el marco normativo para que las poblaciones rurales tuviesen acceso a educación, siendo el ente ministerial de educación, quien ejerce la rectoría de la política pública educacional en el país y la entidad a través de la cual se han implementado diversas estrategias que tienen el objetivo de lograr materializar los beneficios arriba descritos. Entre estas estrategias se cuentan la educación y formación: a distancia, técnicas y tecnologías, educación para el trabajo, los Centros Rurales de Educación Superior (CERES) y las modalidades flexibles. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos, se han tenido sendas dificultades para implementarlas, lo cual es más exacerbado en áreas rurales, dado que estas áreas son muy heterogéneas, tienen población diversa y dispersa, gran influencia de grupos armados ilegales, entre otros factores que afectan. Según planeación nacional (DNP, 2014), las áreas rurales corresponden al 84.7% del total del territorio del país.
Resumen en inglés
The population's access to education brings benefits that help reduce social disparities, which, in countries like Colombia, are marked. With approved educational degrees, it is possible to improve the level of income, increase the productivity of countries, improve the quality of life, just to name a few aspects. In other words, improving education helps to materialize the benefits of its implementation (Cristia & Pulido, 2020). Colombia has developed policies aimed at facilitating access to the education system at different levels. For example, the "Political Constitution" (CP) published in 1991 and the "Education Law" of 1994 established the regulatory framework for rural populations to have access to education, with the Ministry of Education being the one that exercises the stewardship of public educational policy in the country and the entity through which various strategies have been implemented with the aim of achieving the benefits described above. These strategies include education and training: distance learning, techniques and technologies, education for work, Rural Higher Education Centres (CERES) and flexible modalities. However, despite the efforts, there have been difficulties in implementing them, which is more exacerbated in rural areas, given that these areas are very heterogeneous, have diverse and dispersed populations, great influence of illegal armed groups, among other factors that affect. According to national planning (DNP, 2014), rural areas account for 84.7% of the country's total territory.
